Organismo de Investigación Judicial - OIJ

• En el Departamento de Medicina Legal del OIJ, el análisis dental permite reconstruir historias, orientar investigaciones y dar nombre a quienes aún esperan ser identificados.

En una investigación judicial, muchas veces la verdad no se encuentra únicamente en un testimonio o en una prueba visible a simple vista. En ocasiones, una pieza dental, una restauración antigua o incluso una mordedura pueden convertirse en elementos determinantes para esclarecer un caso. En ese escenario, la odontología forense se ha consolidado como una especialidad científica capaz de aportar información clave para la identificación de personas y la reconstrucción de hechos que podrían quedar sin respuesta.

En el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), esta disciplina forma parte del trabajo técnico del Departamento de Medicina Legal, donde la Unidad de Odontología Forense realiza pericias dirigidas a complementar las valoraciones médico-legales requeridas por distintas autoridades judiciales. Su intervención permite fortalecer investigaciones penales mediante el análisis especializado de estructuras dentales, lesiones faciales y otros indicios relacionados con la cavidad oral.

Lucía Fallas Morales, odontóloga forense del Departamento de Medicina Legal del OIJ, explica cómo esta especialidad pone todos los conocimientos de la odontología al servicio de la justicia.

(La doctora Lucía Fallas explica qué es la odontología forense y cuál es su función dentro del OIJ)

Aunque muchas personas asocian esta profesión únicamente con cadáveres, una parte importante del trabajo diario se realiza con personas vivas. La especialista participa en valoraciones de lesiones provocadas por agresiones físicas, accidentes de tránsito, violencia doméstica, maltrato infantil e incluso procesos relacionados con pensiones alimentarias. En estos casos, el análisis odontológico permite determinar si las lesiones observadas coinciden con el relato presentado ante las autoridades y así poder ayudar en casos de alguna denuncia interpuesta.

“Muchas de las pericias que realizamos tienen que ver con lesiones en el rostro, mandíbula o dientes. Nuestro trabajo consiste en establecer si lo que presenta una persona es compatible con el hecho que está denunciando”, explica Fallas. Esa evaluación puede resultar determinante para respaldar técnicamente una investigación judicial.

Sin embargo, es en la identificación humana donde la odontología forense suele mostrar uno de sus aportes más conocidos. Cuando un cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición, ha sido carbonizado o únicamente quedan restos óseos, otros métodos tradicionales como el reconocimiento visual o las huellas dactilares pueden dejar de ser útiles. En esos casos, la dentadura puede convertirse en una de las herramientas más confiables para establecer una identidad.

Cada persona posee características dentales únicas. La forma de los dientes, las ausencias dentales, coronas, implantes, tratamientos de ortodoncia o restauraciones permiten construir un perfil individual. Durante una autopsia dental, el especialista documenta cada detalle mediante diagramas clínicos, fotografías y radiografías para luego compararlos con registros odontológicos obtenidos cuando la persona estaba viva.

La Dra Fallas nos explica cómo se realizan los procesos de identificación y de comparación de registros dentales, tanto en el caso de personas vivas, personas fallecidas, o en el caso de cuerpos ya sean en estado de descomposición o de restos óseos.

(La especialista detalla cómo se realiza la comparación de registros dentales para lograr una identificación)

La calidad de esa información previa resulta fundamental. Según la especialista, muchas personas desconocen que una radiografía dental tomada años atrás puede convertirse en una pieza importante dentro de una investigación. “A veces se piensa que la odontología forense funciona de manera automática, pero dependemos mucho de la calidad de los registros odontológicos previos para poder realizar una identificación”, señala.

Además de identificar personas, esta especialidad también puede orientar investigaciones cuando aún no es posible establecer un nombre. Por ejemplo, mediante el análisis dental es posible estimar la edad aproximada de una persona fallecida. Esta información permite a los investigadores descartar o reforzar hipótesis sobre la identidad de una persona desaparecida.

“Si la estimación dental indica que se trata de una persona entre 30 y 40 años, pero la persona que se busca es menor de edad, esa información puede ayudar a redirigir la investigación”, explica la especialista. Aunque no sustituye otros métodos científicos como el ADN, la odontología forense puede aportar información valiosa para enfocar mejor un caso.

La unidad también interviene en el análisis de mordeduras humanas en investigaciones criminales. Cuando una víctima presenta lesiones compatibles con una mordedura, el odontólogo forense examina si el patrón puede ser útil para un proceso comparativo. Posteriormente, si existe una persona sospechosa, se obtienen modelos dentales para compararlos con la lesión documentada.

Este trabajo exige un alto grado de precisión. Una pequeña diferencia en la forma de una pieza dental o en la posición de una mordida puede cambiar por completo una conclusión pericial. Por ello, cada análisis se desarrolla bajo protocolos científicos estrictos que buscan garantizar objetividad y confiabilidad en los resultados.

La tecnología también ha fortalecido esta labor. Actualmente, la Unidad de Odontología Forense cuenta con radiografías digitales intraorales, panorámicas y tomografías computarizadas que permiten obtener imágenes más detalladas de las estructuras faciales. Estas herramientas facilitan tanto el análisis de personas vivas como el estudio de restos humanos en condiciones complejas.

Sin embargo, más allá de los equipos, la principal herramienta sigue siendo la observación clínica. La experiencia del especialista en odontología forense continúa siendo esencial para interpretar hallazgos que muchas veces pueden pasar desapercibidos para otros profesionales.

Trabajar con restos humanos en avanzado estado de descomposición también implica desafíos importantes. En estos casos, la manipulación del cuerpo requiere técnicas especiales para acceder a la cavidad oral sin alterar la evidencia. Los tejidos blandos pueden haberse deteriorado al punto de dificultar la apertura de la boca, mientras que la misma descomposición puede aflojar o desprender piezas dentales valiosas para el análisis.

A pesar de esas dificultades, la doctora Fallas destaca que el impacto del trabajo va más allá de lo técnico. “No solo apoyamos a la justicia; también ayudamos a darle un nombre a una persona y a que una familia pueda cerrar un proceso de incertidumbre”, afirma.

La doctora Fallas explica por qué la odontología forense representa una herramienta para la justicia y para las familias.

Ese componente humano convierte a la odontología forense en una disciplina de profundo valor social. Detrás de cada pericia no solo hay una investigación judicial, sino también familias que esperan respuestas, procesos que necesitan avanzar y víctimas que merecen un trato digno.

En un sistema judicial donde la ciencia tiene un papel cada vez más importante, la odontología forense demuestra que incluso los detalles más pequeños pueden convertirse en pruebas decisivas. Lo que para muchos podría parecer únicamente una estructura dental, para los especialistas puede representar la diferencia entre una incógnita y una verdad comprobada.

En silencio, lejos del protagonismo público, esta especialidad continúa aportando evidencia científica para resolver casos y recordando que, en la búsqueda de justicia, hasta una sonrisa puede contar una historia.

• Quince funcionarias fortalecieron sus competencias en liderazgo y equidad de género, en un proceso formativo que impulsa una cultura institucional más inclusiva.

El Subproceso de Ambiente Laboral de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial desarrolló con éxito la tercera edición del Programa de Liderazgo Consciente para Mujeres, dirigido a funcionarias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que ocupan puestos de jefatura o coordinación.
El programa, ejecutado entre el 30 de enero y el 20 de marzo, contó con la participación de 15 mujeres y una duración total de 36 horas en modalidad mixta, combinando sesiones presenciales y virtuales. La iniciativa tuvo como objetivo principal fortalecer las competencias de liderazgo consciente, promoviendo espacios de reflexión sobre los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en posiciones de poder dentro del ámbito policial.
Durante el proceso formativo se abordaron temas como autoconocimiento, gestión emocional, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos, integrando además la perspectiva de género como eje transversal. El acompañamiento de especialistas, incluyendo a la experta en género MSc. Xinia Fernández Vargas, permitió enriquecer las sesiones con análisis sobre desigualdades estructurales y retos culturales.
El programa respondió a la necesidad de generar espacios de formación para mujeres lideresas en un contexto históricamente masculinizado, como lo es la actividad policial, donde aún persisten barreras como el “techo de cristal” (esta expresión se refiere a los obstáculos —algunas veces invisibles— que muchas mujeres enfrentan cuando buscan ascender en sus carreras profesionales), además de los estereotipos de género y las dificultades para el ascenso profesional.
Como parte de la metodología, se utilizaron herramientas de autoevaluación, ejercicios prácticos y espacios de reflexión colectiva, que facilitaron el desarrollo de habilidades personales y profesionales. Asimismo, las participantes elaboraron planes de mejora individuales orientados a fortalecer su desempeño en sus respectivos equipos de trabajo.
La evaluación final del programa alcanzó una calificación de 9.9 sobre 10, evidenciando un alto nivel de satisfacción por parte de las participantes, quienes destacaron el valor del espacio para compartir experiencias, generar redes de apoyo y reflexionar sobre su rol como lideresas.
Entre las principales conclusiones, se destaca que el liderazgo femenino en el OIJ continúa enfrentando retos importantes, como la conciliación entre la vida laboral y personal, la necesidad de mayor visibilidad en puestos de mando y la superación de prejuicios culturales. No obstante, también se reconoce el papel clave de estas lideresas en la transformación institucional hacia una cultura más inclusiva y equitativa.
Como parte de las acciones para fortalecer el reconocimiento y la visibilización del aporte de las mujeres en la institución, se incorporará a partir de este año el premio “Mujer OIJ del año”, el cual será entregado en el marco de las premiaciones anuales que se realizan durante el aniversario del OIJ.
El informe recomienda continuar impulsando este tipo de iniciativas, así como promover estrategias institucionales que favorezcan la equidad de género, la sensibilización y el desarrollo del liderazgo femenino dentro del ámbito policial.

• Funcionarias del OIJ participaron en una jornada de crecimiento personal, reflexión y empoderamiento femenino en San Joaquín de Heredia.

El pasado viernes 13 de marzo, en una propiedad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ubicada en San Joaquín de Heredia, se llevó a cabo por segundo año consecutivo el Encuentro de Mujeres OIJ: “Liderando con Plenitud”, una iniciativa orientada a fortalecer el liderazgo, el bienestar y el empoderamiento de las mujeres dentro de la institución.

La actividad inició con las palabras del subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, quien destacó la relevancia de generar espacios de reconocimiento y reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la institución. En su intervención, subrayó que más que una celebración, este tipo de encuentros representan un ejercicio de memoria sobre las luchas históricas por la igualdad de derechos, así como la necesidad de continuar avanzando hacia una mayor equidad, especialmente en el acceso a puestos de liderazgo dentro del OIJ.
Posteriormente, las funcionarias participaron en diversas actividades en un ambiente al aire libre, diseñado para el bienestar y la desconexión de la rutina laboral. Como parte de la jornada, se impartió una clase de yoga a cargo de la instructora Carolina Zamora funcionaria de la Escuela Judicial; además se impartieron charlas enfocadas en el crecimiento personal y profesional.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de Ligia Madrigal, quien compartió su experiencia como la primera mujer costarricense en alcanzar la cima del Monte Everest en 2024. Su testimonio, centrado en la perseverancia y la superación de obstáculos, motivó a las asistentes a creer en sus capacidades y luchar por sus objetivos.

Asimismo, Sofía Rodríguez una reconocida chef, brindó una charla sobre empoderamiento femenino, en la que expuso diez claves para alcanzar el éxito, destacando la importancia de no dejar de lado los sueños personales y de confiar en el propio potencial.

Durante la actividad, las participantes compartieron un refrigerio en horas de la mañana y posteriormente un almuerzo. Como acto simbólico, se realizó la siembra de un árbol de corteza amarilla, representando la fortaleza, crecimiento y legado de las mujeres participantes.

El evento también incluyó la presentación del mago Andrey Jauberth, así como la participación de Ioanna Sahas (quien es), quien dirigió unas palabras a las asistentes, resaltando la importancia del liderazgo femenino.

Para cerrar la jornada, se ofreció una serenata con música en vivo a cargo de José Pablo Esquivel, jefe de la Oficina de Enlace y Relaciones Internacionales (ODERI); Andrés Muñoz, subjefe del Centro de Capacitación (CECAP); y Samael Saborío, también del CECAP, en un ambiente de reconocimiento y celebración.

El OIJ agradece a ASOSEJUD y ANIC por su valioso patrocinio, el cual permitió la realización de esta actividad.

• Por cuarto año consecutivo, la institución impulsa una iniciativa que promueve la equidad de género y apoya a mujeres y niñas en condición de vulnerabilidad económica.

La Global Alliance for Tax Justice (2020), en su informe “Menstruación libre de impuestos: un tributo en contra de la discriminación”, expone datos relevantes sobre la gestión del ciclo menstrual. Este proceso biológico es una realidad que las mujeres deben asumir durante aproximadamente 40 años de su vida, alrededor de 5 días al mes, utilizando cerca de 20 toallas o tampones sanitarios desechables mensuales; es decir, aproximadamente 240 al año y cerca de 9.120 en 40 años.
En poblaciones de menores ingresos económicos, la adquisición de estos productos puede resultar difícil o incluso imposible.

Con el propósito de contribuir de manera práctica al acceso a la justicia y reafirmar el compromiso institucional con la equidad de género, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó por cuarto año consecutivo la Campaña de Recolección de Productos de Gestión Menstrual.

Gracias a la participación voluntaria de funcionarios y funcionarias, quienes aportaron con recursos personales, se logró recolectar una cantidad de insumos suficiente para cubrir durante un año las necesidades de 57 mujeres en condición de vulnerabilidad económica y social.

En total se recolectaron 10.194 toallas sanitarias diurnas, 3.494 toallas nocturnas, 5.789 protectores diarios, 428 tampones y un paquete de 50 toallitas húmedas, lo que representa un valor aproximado de ₡1.493.112 colones, según precios de supermercado Walmart al 16 de marzo de 2026.

María José Rodríguez Cruz, organizadora de la campaña, destacó que esta iniciativa también busca visibilizar una problemática que afecta a millones de mujeres y niñas en el mundo.

“Es una realidad que viven muchísimas mujeres a nivel mundial. Según datos de Naciones Unidas, cerca de 500 millones de mujeres y niñas sufren pobreza menstrual, es decir, no pueden gestionar su periodo como la mayoría de nosotras está acostumbrada. Muchas veces es una realidad en la que ni siquiera nos detenemos a pensar”, señaló.

Rodríguez también resaltó el compromiso y la empatía demostrada por el personal del OIJ durante estos cuatro años de campaña, “a mí sinceramente me conmueve la disposición y los corazones generosos del personal del OIJ. Año con año se visibiliza ese compromiso con las mujeres en condición vulnerable. Son principalmente las compañeras administrativas quienes impulsan la organización de la recolección, motivan a sus compañeros y preparan los espacios para recibir las donaciones”, comentó.

Para este año, la distribución de los productos se realizará en las comunidades de Los Chiles de Alajuela y La Cruz de Guanacaste, mediante la colaboración del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales. Asimismo, en el área metropolitana se beneficiará a estudiantes de escuelas públicas donde la población enfrenta limitaciones económicas, por medio del Programa de Acción Social de la Clínica Bíblica, organización que además imparte charlas y capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva, aprovechando estos espacios para entregar los insumos a niñas y adolescentes.

Esta iniciativa refleja el compromiso del OIJ con la solidaridad, la igualdad de oportunidades y el apoyo a las poblaciones que enfrentan mayores desafíos para acceder a productos esenciales para su bienestar y dignidad.

• El convenio fortalece la cooperación internacional con Costa Rica y habilita una plataforma segura y anónima para que la ciudadanía aporte información en la lucha contra el crimen organizado.

Este miércoles 18 de febrero de 2025, en el Salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica, se realizó la presentación oficial de la alianza entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la fundación Crime Stoppers, organización internacional sin fines de lucro que promueve la denuncia anónima como herramienta clave para el combate contra la criminalidad.

El convenio, previamente suscrito entre la Corte Suprema de Justicia —por medio del OIJ— y Crime Stoppers, marca la primera vez que esta organización establece una alianza de este tipo en Costa Rica. Crime Stoppers, con sede regional en Panamá y presencia en 38 países en el mundo, canalizará información confidencial aportada por la ciudadanía a través de su plataforma digital, la cual será remitida directamente al Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ para su respectivo análisis y trámite dentro del sistema de justicia costarricense.
La plataforma permitirá recibir denuncias anónimas relacionadas con delitos como narcotráfico, comercio ilícito de bebidas alcohólicas, lavado de dinero, trata de personas, armas ilegales, homicidio y femicidio, entre otros. Además, el acuerdo contempla capacitaciones para funcionarios del CICO sobre el manejo del sistema y formación especializada en temas como tráfico de personas.

En la actividad participaron el magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez; el embajador de Panamá, Pacífico Manuel Escalona Ávila; representantes diplomáticos de Colombia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea; el subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz Hernández; el encargado del CICO, Jairo Muñoz Torres; y el director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermudas y América Latina, Alejo Campos, entre otros invitados.

Durante su intervención, Orlando Aguirre destacó que este convenio representa un paso decisivo para fortalecer la confianza pública y habilitar canales seguros, anónimos y eficaces para trasladar información relevante a los equipos de investigación. Señaló que gran parte de la criminalidad organizada se sostiene en el silencio y el miedo, por lo que la participación ciudadana se convierte en un insumo estratégico para anticipar riesgos y desarticular estructuras delictivas.

Por su parte, Alejo Campos resaltó que la llegada de Crime Stoppers a Costa Rica es resultado de un proceso de análisis y acercamientos iniciados hace aproximadamente dos años, subrayando que ninguna institución puede enfrentar por sí sola fenómenos como el crimen organizado transnacional. “La seguridad moderna se construye con información, y la mayor fuente legítima de información es la propia ciudadanía”, afirmó.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz Hernández, indicó que esta alianza representa un fortalecimiento en la capacidad investigativa de la institución, al permitir el acceso a información sensible y valiosa que, en muchas ocasiones, no llega por temor o desconfianza. “Será un insumo fundamental para profundizar investigaciones y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, tanto transnacional como local”, señaló.

Finalmente, Jairo Muñoz Torres, encargado del CICO, enfatizó que la colaboración ciudadana es esencial en el contexto actual y que esta nueva herramienta brindará mayor confianza a quienes deseen aportar información de forma segura y anónima.

La plataforma ya se encuentra habilitada en Costa Rica y las personas interesadas pueden realizar denuncias anónimas a través del sitio web www.tupista.org

La información recibida será canalizada al OIJ para su respectivo análisis y gestión conforme al debido proceso y las garantías constitucionales.

Con esta alianza, Costa Rica se integra formalmente a la red global de Crime Stoppers, reforzando la cooperación internacional y consolidando un modelo que promueve la corresponsabilidad entre ciudadanía e instituciones en la defensa de la legalidad y la seguridad pública.

La actividad incluyó la rendición de cuentas, la premiación de funcionarios destacados y el reconocimiento a los mejores casos de investigación del período 2024-2025.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) conmemoró este 5 de diciembre su 52 aniversario, en un acto oficial que reunió a autoridades del Poder Judicial, jefaturas, personal institucional y cuerpo diplomático. La ceremonia incluyó la rendición de cuentas del Director General interino, Michael Soto Rojas, así como la premiación a personas funcionarias y despachos que destacaron por su desempeño excepcional a lo largo del año.

Entre las autoridades presentes a este acto estuvo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Orlando Aguirre Gómez, exdirectores del OIJ y representantes del ámbito auxiliar de justicia. Posteriormente se presentó la rendición de cuentas, en la que se expusieron los principales avances, resultados de investigación, esfuerzos administrativos y acciones estratégicas ejecutadas por la institución durante este 2025.

Durante la actividad, el Director General a.i., Michael Soto Rojas, señaló que las siglas del OIJ representan “autoridad, confianza y respeto”, y recordó que estas más de cinco décadas han forjado una institución cuya fuerza descansa en la ciencia, la técnica y la integridad de su personal. Subrayó que cada aporte —desde un análisis en laboratorio hasta el trabajo operativo en calle— construye la legitimidad institucional y la confianza que la ciudadanía deposita en el OIJ.

El Director también rindió homenaje al funcionario Geiner Zamora Hidalgo, asesinado en enero este año en cumplimiento de su labor, y destacó que su entrega inspira la unidad, fortaleza y determinación con la que la institución continúa enfrentando el crimen organizado.

Como parte de la celebración, se realizó la premiación anual al personal del OIJ, reconociendo a funcionarias y funcionarios de distintas áreas operativas, científicas, regionales y administrativas. Cada persona galardonada fue seleccionada por su excelencia, compromiso institucional y aporte significativo al cumplimiento de la misión del OIJ. La ceremonia contó con la presencia del Magistrado Orlando Aguirre y del Subdirector General interino, Vladimir Muñoz Hernández, quienes hicieron entrega de los reconocimientos.

Además, se otorgó el Premio PRIT del Programa de Integridad y Transparencia a la Plataforma de Información Policial (PIP), por sus esfuerzos sostenidos en prevención y mitigación de riesgos de corrupción, siendo esta la tercera ocasión en que el despacho obtiene dicho reconocimiento.

Otro de los momentos más significativos fue la entrega del premio “Honor al Mérito”, otorgado a agentes que arriesgaron su vida en el cumplimiento del deber durante este año. Los reconocidos fueron el agente Andrés Sánchez Fernández, de la Delegación Regional de Alajuela, así como los agentes Luis Emmanuel Ortega Alvarado y Michael Cambronero

Berrocal, de la Delegación Regional de Limón, por sus valientes intervenciones en hechos delictivos que pusieron en peligro sus vidas y la de terceros.

Durante la actividad también se reconoció el trabajo de las secciones que desarrollaron los mejores casos de investigación del período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Los casos fueron seleccionados por un comité de jefaturas del ámbito investigativo y científico, tomando como criterio la complejidad, los recursos invertidos, el impacto social y los resultados obtenidos.

El caso que ganó el primer lugar en investigación es el conocido como“Luceros” a cargo de la Sección Especializada contra la Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, en conjunto con la Sección de Homicidios, esta investigación permitió el rescate de 65 víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como la resolución de dos homicidios relacionados con una presunta célula vinculada al Tren de Aragua. El operativo del 15 de julio contó con 300 agentes judiciales y apoyo nacional e internacional.

El segundo lugar corresponde al caso “Guarumal” una investigación desarrollada por la Sección Especializada Contra la Delincuencia Organizada, que permitió desarticular un presunto grupo criminal dedicado al trasiego internacional de drogas, legitimación de capitales y tráfico ilícito de armas. La operación culminó con decomisos de estupefacientes, embarcaciones, armas, dinero, vehículos de lujo y la detención de ocho personas.

Y el tercer lugar correspondió al caso “Curry”. Un trabajo realizado por la Subdelegación Regional del OIJ en Batán, que permitió desarticular una presunta organización dedicada al narcotráfico en Matina. La investigación resolvió múltiples homicidios, tentativas y delitos conexos. En total, se imputó a 47 personas y se ejecutaron operativos con más de 600 oficiales.

Además, se entregaron menciones honoríficas a los casos “Gemelo Guayabos”, “PANA” y “Granero”, reconocidos como Casos Élite por su calidad investigativa.

La actividad cerró con un mensaje del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, seguido de un ágape que permitió compartir reflexiones, reconocimiento y unidad institucional.

En su 52 aniversario, el OIJ reafirma su compromiso con la excelencia investigativa, la integridad, la transparencia y el servicio que brinda a la ciudadanía costarricense. Como lo reflejan los proyectos premiados, los casos destacados y el esfuerzo del personal, la institución continúa consolidando su liderazgo técnico y científico en la lucha contra el crimen.

La Embajada Británica en Costa Rica, junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica anunciaron la entrega de equipo especializado proveniente de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, fortaleciendo los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en Costa Rica.

Esta colaboración forma parte del compromiso del Gobierno Británico de trabajar estrechamente con socios internacionales para fortalecer sus fronteras, desmantelando redes criminales que operan a nivel transnacional.
En Costa Rica, la NCA ha contribuido a contrarrestar el crimen organizado y el narcotráfico mediante capacitación especializada de analistas y la entrega de equipo de vanguardia. Esto incluye herramientas de vigilancia como drones y cámaras para la recopilación de inteligencia y evidencia, así como equipo especializado de escaneo para detectar ocultamientos de drogas. La NCA también ha liderado iniciativas para combatir las finanzas ilícitas y enfrentar a criminales que utilizan criptomonedas en investigaciones de crimen organizado.
La cooperación entre el Reino Unido y Costa Rica también se extiende al ámbito judicial, con planes para fortalecer las capacidades del sistema de justicia costarricense para procesar casos de manera efectiva mediante investigaciones conjuntas con el Reino Unido y Europa.
En un contexto de seguridad cada vez más complejo, donde las organizaciones criminales han intensificado sus operaciones, afectando la seguridad ciudadana y la estabilidad social, la cooperación internacional se ha convertido en una herramienta fundamental para confrontar estas amenazas que trascienden las fronteras nacionales.
El Embajador Británico Ben Lyster-Binns subrayó la importancia de esta alianza, afirmando: “Esta cooperación refleja el compromiso inquebrantable del Reino Unido de trabajar junto a Costa Rica en la lucha contra las redes criminales transnacionales.
El equipo que estamos entregando hoy fortalecerá significativamente las capacidades de las fuerzas de seguridad costarricenses. Sabemos que la seguridad de nuestras naciones está entrelazada. Las amenazas que enfrentan nuestros socios también nos afectan a nosotros, y es por eso que seguiremos apoyando estos esfuerzos vitales para proteger a nuestras comunidades.”
Un alto funcionario de la NCA agregó: “Este programa, que se está implementando a través del financiamiento de la estrategia contra las drogas del Ministerio del Interior del Reino Unido, demuestra cómo la cooperación internacional puede generar resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado.
Estamos proporcionando no solo equipo de vanguardia, sino también conocimiento especializado y metodologías comprobadas que han demostrado su efectividad en otros contextos. Nuestro objetivo es fortalecer las capacidades locales para que Costa Rica pueda enfrentar estas amenazas de manera más efectiva y sostenible.”
La ceremonia de entrega también contó con la participación de representantes del Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Control de Drogas, quienes enfatizaron la importancia de esta cooperación para fortalecer sus capacidades operativas.
“La cooperación internacional y las alianzas estratégicas con instituciones homólogas de otros países son, para el Organismo de Investigación Judicial, un apoyo invaluable, mediante el cual la institución tiene la oportunidad de avanzar en la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica. Estos equipos que está recibiendo la institución serán, sin duda, de gran apoyo para las investigaciones futuras,” manifestó Randall Zúñiga, director general del OIJ.
El Director de la Policía Control de Drogas, comisionado Stephen Madden Barrientos, declaró que: “La donación de este equipo no solo fortalece las capacidades operativas, sino también ayuda a robustecer y mejorar tanto la seguridad de los ciudadanos como la integridad de los propios efectivos.
Estos artículos ayudarán al desempeño más eficiente de las actividades y la capacidad de respuesta en cada situación.”
A través de iniciativas como esta, el Reino Unido y Costa Rica están construyendo capacidades más sólidas para identificar, investigar y desarticular las organizaciones criminales que operan en la región. Este trabajo conjunto no solo fortalece la seguridad de ambas naciones, sino que también contribuye a la estabilidad y protección de toda la región centroamericana.

• Representantes de la Embajada de EE. UU. conocieron el uso de donaciones y las necesidades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jennifer Savage, junto a representantes de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL), visitaron el OIJ el viernes 19 de setiembre para conocer de primera mano el trabajo institucional, el uso de las donaciones recibidas y las necesidades actuales de la institución.

La delegación recorrió diversas secciones de la Ciudad Judicial en San Joaquín, entre ellas el Departamento de Ciencias Forenses, el Departamento de Medicina Legal, el Centro de Capacitación, la Unidad Canina y el Incinerador de Drogas.

La comitiva estuvo conformada por Peter Newman, director de INL; David Méndez, gerente de Programas de INL; y Priscilla Hernández, asistente de Portafolio de Justicia de INL, quienes acompañaron a la señora Savage. Durante el recorrido, se les mostró el Polígono Virtual Virtra 300 donado este año por Estados Unidos, así c

omo los laboratorios de Balística y Trazas y el de Sustancias Controladas, para que vieran el funcionamiento y pudieran conocer un poco más de las labores que se realizan, además de estar al tanto de las necesidades que puedan existir en la institución.

En Medicina Legal se profundizó en las funciones del departamento y se visitaron la Sección de Patología Forense y la Morgue Judicial. Posteriormente, la Unidad Canina realizó una demostración de las labores de los canes y del trabajo interdisciplinario entre las áreas científicas y técnicas. Finalmente, se conoció el avance del proyecto del Incinerador de Drogas, aún en proceso de desarrollo con apoyo de Estados Unidos.

Durante la visita, la señora Savage manifestó su satisfacción por lo observado y destacó la calidad del trabajo que realiza el OIJ, expresando además su impresión por la labor de las distintas áreas.

Las diferentes dependencias fueron representadas por don Alberto Palma en el Centro de Capacitación; don Mauricio Chacón en Ciencias Forenses; el doctor Jorge Aguilar Pérez en Medicina Legal; don Alejandro Castillo en la Unidad Canina; y don Armando Castillo en el Incinerador de Drogas.

La Oficina de Enlace de Relaciones Internacionales del OIJ estuvo a cargo de la organización y acompañamiento de la actividad. Asimismo, se resaltó la estrecha relación que existe entre el Organismo de Investigación Judicial, con Peter Newman, y con el INL desde hace más de 10 años.

Del 15 al 18 de julio de 2025 se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, la 1ª Reunión de Puntos de Contacto del Centro Especializado contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CTT) de AMERIPOL, en la cual se contó con la participación de funcionarios de OIJ para seguir combatiendo este delito en Costa Rica.

Con el apoyo del Programa El PAcCTO 2.0 de la Unión Europea, el evento tuvo como objetivo evaluar las amenazas actuales vinculadas al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en las Américas, e impulsar la adopción de estrategias comunes e investigaciones conjuntas.

El análisis será consolidado en un documento técnico que respaldará la formulación de políticas públicas de seguridad desde un enfoque regional.

Participan delegaciones de las instituciones policiales de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

OIJ realiza colecta de productos de gestión menstrual para mujeres de barrios urbano-marginales

Este es el tercer año consecutivo que se realiza la colecta, la cual ha tenido una generosa donación del personal de OIJ

Con el objetivo de continuar con la labor de apoyo a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad social y económica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha llevado a cabo, por tercer año consecutivo, la campaña de recolección de productos de gestión menstrual. Esta iniciativa refleja el compromiso institucional y humano de contribuir con acciones tangibles que promuevan la equidad de género y el acceso a la justicia, especialmente hacia las poblaciones más vulnerables.

El propósito fundamental de esta campaña es apoyar a mujeres que enfrentan dificultades en la gestión de su periodo menstrual, brindándoles los productos necesarios para que puedan llevar a cabo sus actividades cotidianas con dignidad y sin preocupaciones. A menudo, las mujeres en situaciones de vulnerabilidad no cuentan con los implementos de higiene femenina adecuados, lo que puede llevar a que no puedan asistir a la escuela, al trabajo o a otras actividades esenciales.

Además de la recolección de productos, la campaña ofrece un espacio para concientizar sobre las dificultades que muchas mujeres enfrentan, pues la falta de acceso a productos de higiene menstrual puede afectar seriamente su calidad de vida y limitar su participación en actividades sociales y educativas. A través de esta acción, también se busca visibilizar la inequidad de género que persiste en nuestra sociedad.

Según estudios de la Global Aliance for Taxs Justice, el proceso menstrual de las mujeres se gestiona aproximadamente durante 40 años de su vida, en ciclos mensuales de 28 días, de los cuales aproximadamente 5 días tienen sangrado, por lo que se necesitan aproximadamente 20 toallas o tampones sanitarios desechables mensuales, es decir 240 anuales y 9600 a lo largo de su vida; sin embargo en poblaciones de menores ingresos económicos resultan imposibles de comprar, cuando se debe elegir entre comida y este tipo de implementos.

Este año, como en los dos anteriores, la campaña se extendió a todas las dependencias del OIJ a nivel nacional, alcanzando un gran número de colaboradores comprometidos con la causa.

El proceso logístico fue coordinado desde la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), con el apoyo de aliados estratégicos como los centros de acopio Unidad Canina, Secretaría del Departamento de Investigaciones Criminales (DIC), Oficina de Prensa del OIJ y Jefatura de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), además de contar con la colaboración de todas las dependencias del OIJ a nivel nacional.

“Con lo del proceso logístico se difundió en afiches por medio de correo electrónico interno a todo el personal de OIJ para que se disponga en cada oficina un espacio donde se recolecten y después las llevan dependiendo del lugar que les quede más cerca a los centros de acopio” mencionó María José Rodríguez, líder del proyecto.

En cuanto a los resultados, este año se lograron recolectar 8.833 productos, cifra similar a la obtenida en el primer año de la campaña (2023: 7.910 productos, 2024: 17.891 productos). Esto refleja una continuidad en la sensibilización del personal del OIJ sobre la importancia de apoyar a las mujeres en la gestión de su periodo menstrual.

Gracias a la solidaridad y el compromiso de todos los colaboradores, este año se beneficiarán aproximadamente 50 mujeres de barrios urbano-marginales del área metropolitana, así como de las zonas de Upala y Corredores. Las beneficiarias fueron seleccionadas en colaboración con el programa nacional de Facilitadores Judiciales que lidera la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), así como con el apoyo de la Dirección General del OIJ, que tiene un compromiso especial con las poblaciones indígenas.