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Tenemos el más alto compromiso hacia la sociedad que confía en nuestro trabajo; sabemos que siempre es posible dar un esfuerzo mayor al esperado para colaborar en la construcción de una sociedad más justa y segura.
Investigamos hechos delictivos de manera científica para determinar quienes son las personas responsables del delito; basamos toda investigación en la objetividad y el razonamiento científico e imparcial. Consideramos que todo acto delictivo debe ser materialmente probado, independientemente de quien sea la persona sometida al proceso penal.
Servimos al país por voluntad y convicción propia. Es por eso por lo que, en nuestras actuaciones acatamos los mandatos que exige nuestra organización a través de la normativa interna; respetamos con total observancia las leyes del país y cumplimos nuestro juramento hacia la Constitución Política y la Institucionalidad del país.
Realizamos las labores de la mejor forma posible, con objetividad y diligencia; ejercemos un liderazgo positivo en el abordaje de los casos investigados, dando una respuesta merecedora de quienes confían en nuestra labor.
Respetamos y tenemos fidelidad hacia la ciudadanía, las leyes y la institucionalidad del país; manejamos la investigación de los hechos delictivos con discreción, objetividad y respeto por los derechos humanos. Pero además respetamos a nuestros superiores jerárquicos en el ejercicio íntegro y correcto de las actuaciones policiales y en el marco del ordenamiento jurídico.
Realizamos investigaciones criminales de calidad sometidas a indicadores que permiten medir nuestra gestión y maximizar el aprovechamiento de recursos materiales, talento humano y mayor eficiencia del tiempo invertido en la coadyuvancia a la Administración de Justicia del país.
Nos comportamos con rectitud y vocación de servicio, con la firme convicción de que nuestras actuaciones están dentro de los más altos principios de probidad y en concordancia con el marco de legalidad, sin obtener provecho ni ventaja personal o para terceros, dentro de una organización en la que no se permiten los actos de corrupción.
