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Autoridades ambientales y de seguridad lograron detener once personas vinculadas a delitos ambientales en la zona de Corcovado, en un operativo denominado Jemengo Töe (este nombre obedece a que en el dialecto indígena así se le llama a la araña de montaña). El operativo se llevó a cabo del 20 al 28 de mayo, con un plan de acción dividido en dos fases, la primera de inteligencia que determinó los trabajos, lugares y personas específicas a intervenir, y una segunda fase donde se ejecutaron las operaciones en campo.
Dadas las constantes denuncias ciudadanas sobre cacería, minería ilegal y tala en los bosques de las zonas de Osa y Golfito, dentro y fuera de sus Áreas Silvestres Protegidas (Parque Nacional Corcovado, y Reserva Forestal de Golfo Dulce), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Ambiental de la zona Sur, realizaron un fuerte despliegue de 27 oficiales de seguridad, entre estos agentes judiciales especializados en delitos Ambientales apoyados por agentes de otras oficinas del Departamento de Investigaciones Criminales (DICR), 12 agentes del Grupo Operacional Ambiental (GOA) del MINAE-SINAC; cabe indicar que durante la ejecución del operativo se contó con la participación presencial y activa del Fiscal Ronny Romero de la Fiscalía Ambiental de la Zona Sur.
Según expresó el Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, hay una alta problemática aumentada por la pandemia generada por el COVID-19 y se va a mantener presencia policial para seguimiento permanente.
Por otro lado, agregó que, ante este panorama, las operaciones del Grupo Policial Ambiental especializado (GOA) del MINAE-SINAC continuarán en diferentes partes del país.
En este operativo se logró detener personas en actos de “minería ilegal” dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, y Parque Nacional Corcovado, así como en acciones de cacería en la zona. Así mismo se procedió con el cierre de tres industrias forestales clandestinas, ya que se ubicó gran cantidad de madera de tala ilegal y maquinaria valorada en varios millones de colones.
Al respecto Armando González, jefe de la Sección de Delitos Varios del OIJ, en la cual se ubica la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales detalló que para el OIJ participar en este tipo de operaciones es de suma importancia, ya que el Parque Nacional Corcovado tiene el privilegio de estar catalogado en la región como el sitio número uno en flora y fauna, ya que se encuentra el 2,5 % de la biodiversidad del planeta y el 50 % de las especies de Costa Rica, por lo que a pesar de ser una pequeña región de poco más de 41.000 hectáreas, su riqueza es enorme, pero en este momento se encuentra en riesgo, pues solo en esa zona expertos han identificado cinco especies en peligro de extinción.
Por otra parte González manifestó que “... en los últimos meses a través de la Comisión de Seguridad Ambiental, este Organismo ha recibido informaciones confidenciales en las cuales indicaron que en zonas protegidas de la Península de Osa se ha incrementado la práctica de ilícitos como la tala de árboles y extracción de oro de manera irregular, sumado al alto índice de cacería de Chancho de Monte, Saínos y últimamente de Dantas en el interior de las Áreas de Conservación Golfo Dulce y Parque Nacional Corcovado, siendo algunas de estas especies de suma importancia por tratarse de especies básicas en la dieta del jaguar. Debido a lo anterior se enfocó el trabajo en investigaciones que nos permitiesen identificar y detener algunas personas en flagrancia y así continuar con la protección de los recursos naturales de nuestro país...” argumentó el jefe policial.
Es importante mencionar que además de las detenciones ejecutadas, se detectaron terrenos invadidos los cuales son propiedad del estado o en las diversas zonas del Parque Nacional Corcovado. Para lo cual en conjunto con el Ministerio Público se efectuaron actas de notificación para el desalojo de los terrenos. También se realizó la intervención de varias estructuras de alojamiento conocidas como “champas” donde los infractores suelen pasar la noche, las cuales estaban dentro del área protegida del parque, así como la observación y ubicación de sectores donde fue cambiado el cauce del río con la finalidad de la extracción ilícita de oro.
Aparentemente, los grupos ya tenían toda la industria organizada y en el caso de la madera, ya salía el producto procesado (más de 7000 pulgadas de madera). Se detectó que las especies de madera procesadas en esos sitios correspondían a Cedro, Cristóbal, Fruta Dorada y Manguille, las cuales eran comercializadas en La Palma de Puerto Jiménez y de las que no se contaban con los permisos respectivos.
Dentro de lo decomisado durante los días en que se efectuó el operativo, se tiene un aserradero portátil, una sierra de mesa, una machinbradora y una cepilladora de mesa. Por otro lado, en temas relacionados con la extracción ilegal de oro, se incautaron barras, palas, catiadoras, canoas, “chupacabras” (frasco con manguera para sacar oro).
Cabe mencionar que en las operaciones de investigación por casería ilegal se le confiscaron a dos sujetos sospechosos de incurrir en este delito, varios machetes, tres armas de fuego, dos rifles calibre 22 y una pistola 9 milímetros, además se ubicó en poder de estos masculinos dos monos arañas sin vida, los cuales se localizaron en una fogata.
Además de estas acciones, se realizaron inspecciones a cámaras de refrigeración en diferentes establecimientos comerciales, buscando carne de animales silvestres.
Según expresó Miguel Madrigal del GOA, “en estos negocios no se encontró nada irregular. Sin embargo, seguirán vigilantes porque se tienen denuncias relacionadas con la matanza meses atrás de dantas y chanchos de monte y de que existe una red de matanza y comercialización de animales silvestres”.
Personas detenidas por ejecución de delitos ambientales
Según datos oficiales, durante este operativo se detuvo en el cauce de Río Rincón a cuatro sujetos identificados con los apellidos Lobo García, Cerdas Solórzano, Vásquez Cedeño, Mora Vargas y a una mujer de apellidos Navarrete Rojas, quienes figuran como sospechosos de Infracción al Código de Minería, ya que se encontraban extrayendo oro de forma irregular dentro del Parque Nacional Corcovado. Estas personas quedaron a las órdenes de la Fiscalía Penal Ambiental de la Zona Sur y cabe resaltar que se exponen a penas de tres meses a cinco años de prisión.
Por otro lado, se detuvo por cacería, tenencia y portación ilegal de armas, a dos hermanos de apellidos Vargas Delgado.
Según confirmó la Fiscalía Ambiental, en cuanto a los delitos de tenencia y portación ilegal de armas la pena va de tres meses a cinco años de prisión, mientras que por los delitos de Infracción a la Ley de Vida Silvestre las personas se exponen a penas de seis meses a un año de cárcel. Sin embargo, podría aumentar de uno a tres años de prisión, si se trata de animales en peligro de extinción.
Además, se reportó la detención de tres sujetos de apellidos Sánchez González, Rodríguez Gutiérrez y Valverde Granados, por delitos relacionados con la Infracción a la Ley Forestal, en cuyo caso podrían exponerse a las siguientes penas: por el delito de procesamiento ilegal, de 3 meses a 3 años de prisión y por la adquisición ilegal, la sanción será de 1 mes a 3 años de prisión. En los casos antes citados los detenidos quedaron a la orden de las autoridades judiciales, ya que presentaban permisos en apariencia vencidos.
Finalmente, se detuvo por invasión a Área de Protección con naciente y cambio de uso de suelo en terrenos de Patrimonio Natural del Estado, a un sujeto de apellidos Arguijo Arroyo.
Sobre la Operación Jemengo Töe
En la segunda fase del operativo realizado este mes de mayo, la estructura organizacional se manejó mediante coordinación unificada entre MINAE-SINAC, OIJ y Ministerio Público. Se hicieron tres grupos de trabajo, que incursionaron en montaña, y en Patrimonio Natural del Estado (PNE) a puntos ya monitoreados. En primera instancia se identificaron los sitios de interés, y después el grupo policial ingresó al lugar a desmantelar los campamentos de los grupos organizados contra delitos ambientales.
En la tercera fase denominada inteligencia sostenida, se determinó permanecer por varios meses en la zona, ya que se detectaron en estos operativos y por medio de las investigaciones preliminares que, quienes operan en el sitio son organizaciones delictivas ilegales que se dedican al tráfico de madera, trasiego y caza de animales y delitos de narcotráfico.
