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Lunes, 03 Diciembre 2018 08:51

Dos oficiales de la Policía Administrativa fueron detenidos como sospechosos de Concusión

OIJ Oficina Regional de Santa Cruz: Dos oficiales de la Policía Administrativa fueron detenidos como sospechosos de Concusión

· Al parecer les cobraron 600 dólares a dos turistas por no portar pasaporte.

1° de diciembre de 2018. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Oficina Regional de Santa Cruz, detuvieron a dos hombres de 31 y 48 años de edad, quienes figuran como sospechosos del delito de Concusión.

Informes preliminares indican, que los detenidos laboran como oficiales de la Policía Administrativa y que los hechos con los que se les relacionan se dieron el miércoles 14 de noviembre del año en curso, cuando al parecer los ofendidos, dos turistas canadienses transitaban por el sector de Santa Ana de Belén en Carrillo, Guanacaste, momento en que llegaron a un retén de la Policía Administrativa y donde en apariencia estaban los sospechosos, quienes supuestamente les pidieron los pasaportes, sin embargo los turistas no los portaban. Aparentemente, los oficiales les dijeron a los turistas que eso en Costa Rica era delito y que, para no detenerlos, debían pagar una multa de 600 dólares, como los ofendidos en ese instante no portaban dicha cantidad de dinero, supuestamente uno de los oficiales los escoltó en su motocicleta de trabajo hasta un cajero automático en Filadelfia de Carrillo, donde sacaron el dinero y se lo entregaron al policía.

Posteriormente, los ofendidos le comentaron a un costarricense lo que les había sucedido, quien les recomendó interponer la denuncia, por lo que los agentes judiciales iniciaron las investigaciones, logrando identificar a estos dos oficiales como los sospechosos y bajo Dirección Funcional con el Ministerio Público, fueron detenidos en horas de la tarde del jueves 29 de noviembre del año en curso, cuando se encontraban realizando una diligencia en la sede del OIJ de Santa Cruz.

Finalmente, los sospechosos quedaron con un informe a las órdenes del Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.

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