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Convenio promueve la coordinación entre los entes nacionales e internacionales para fortalecer el la aplicación y el cumplimiento de las normas que regulan la materia ambiental en Costa Rica.
En busca de cumplir con el derecho constitucional de tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, jerarcas del Ministerio Público (MP), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) firmaron esta mañana un convenio de cooperación interinstitucional con el que se pretende continuar con la vigilancia para reducir el daño ambiental provocado por la infracción a las leyes ambientales y el uso correcto de los recursos naturales.
Se trata del Convenio para la Continuidad de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, el cual existe desde el 2016, sin embargo, se busca ampliarlo para continuar promoviendo un conocimiento uniformado y consolidado de la materia penal ambiental, para que se investiguen y acusen estos delitos, de manera eficiente, especialmente, cuando se relacionan con crimen organizado.
Otro objetivo del convenio es que se consoliden comisiones regionales de trabajo que se coordinen acciones locales para la atención de las problemáticas ambientales.
El documento fue firmado por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, el director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza, el ministro de seguridad, Michael Soto Rojas, y el ministro de ambiente y energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi.
“Esta comisión ha tenido un trabajo tan intenso que ha logrado consolidar un equipo de trabajo listo para atender en conjunto infracciones a la normativa ambiental 24/7, principalmente forestal y de Vida Silvestre, pero no exclusivamente, porque también ha logrado procesar traficantes internacionales de vida silvestre, en una semana con condenatoria, cazadores en casos complejos como la danta en Chirripó, detener envíos fuera del país de cientos de especímenes de fauna y flora amenazada, traficantes de cocobolo, se ha realizado investigación del fenómeno criminal de orería en Corcovado Crucitas, se han detectado pistas aéreas clandestinas para tráfico de drogas dentro de áreas protegidas, entre otros”, expresó el Ministro Rodríguez.
"Desde el Ministerio Público, una de las prioridades de persecución delictiva es el fenómeno criminal que atenta contra el ambiente, y estamos convencidos que la única manera de atacar con éxito estos casos es mediante la coordinación estrecha con las instituciones que hoy firmamos el convenio. El daño al ambiente constituye un delito que tiene consecuencias muy graves para la población y la naturaleza, por eso es importante abordar los incidentes no sólo desde el punto de vista represivo, también desde el preventivo, pues es muy importante que el daño no se provoque o que, mediante medidas cautelares, se pueda restablecer las cosas a su estado original", dijo la Fiscala General de la República.
Con la firma de este convenio se pretende abordar el fenómeno con el fin de que exista una efectiva prevención, control, detección y regresión de las conductas delictivas que afectan al medio ambiente.
Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública destacó que “la protección del ambiente constituye un deber ineludible de nuestros cuerpos policiales, por lo que hoy, mediante la firma de este convenio, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, junto con las demás entidades, en la conservación de nuestra biodiversidad”.
“Para el Organismo de Investigación Judicial es de suma importancia el tema del ambiente ya que, al igual que los otros delitos, las infracciones cometidas contra nuestras especies naturales afectan a nuestro país, a nuestros ciudadanos y más aún a las futuras generaciones. Nosotros, como policía judicial somos pieza importante en la protección de nuestros recursos y parte de los esfuerzos que realizamos van enfocados en esta causa. De nuestra parte hemos destinado recurso humano para investigar estos delitos y adicionalmente, es uno de los temas importantes en los estudios estadísticos que realizamos todos los años para medir los movimientos de la criminalidad. Creemos que ser parte de esta Comisión es fundamental para lograr, junto con las demás autoridades, la protección de nuestros recursos”, manifestó el director del OIJ, Walter Espinoza Espinoza.
Acuerdos. El Convenio promueve mantener la coordinación entre los entes nacionales e internacionales para fortalecer el la aplicación y el cumplimiento de las normas que regulan la materia ambiental en Costa Rica. Incluso, se establece que las instituciones que conforman la comisión deben seguir brindando el apoyo logístico, profesional, académico y administrativo, para una efectiva atención.
Por otra parte, este acuerdo permite recalcar que las instituciones nacionales e internacionales son las encargadas de vigilar por la aplicación y el cumplimiento de la normativa que rodea a esta materia.
Además, estipula que la Fiscalía General de la República coordina el Grupo Director, el cual tiene como función principal el conformar los grupos temporales de investigación criminal, con énfasis de delincuencia organizada, y delegar las prioridades en las que se van a realizar, además de las nuevas comisiones regionales.
Dicho Convenio rige a partir de hoy, con la firma de las personas integrantes, y tiene una vigencia de cinco años; los cuales pueden ser prorrogables por periodos de igual duración de manera automática, salvo de que exista una objeción por alguna de las partes que la conforman.
