Cuando una persona es agredida sexualmente en Costa Rica, tiene la opción para poder ser atendida de inmediato y que inicie un proceso judicial en contra de su agresor, este proceso se llama: Protocolo de las 72 horas.

La medida que rige desde el 2011, es utilizada para atender los casos de mujeres y hombres que sufren alguna violación o ataque sexual y que, en las primeras 72 horas después de la agresión, recurren a un centro médico o a la Fiscalía.

Las unidades médico legales (que son las que ven estos casos y laboran 24/7) pasaron de ser las cuatro que operaban previo a la implementación del protocolo, a 14 en la actualidad (13 especializadas y la central de Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores); al tiempo que hay 16 hospitales en todo el país capacitados para brindar el servicio sanitario y de medicamento a las víctimas.

El protocolo de las 72 horas es un programa institucional declarado de interés nacional por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

En él se articula la acción de instituciones como el Ministerio de Salud, el Sistema de Emergencias 9-1-1, la Fuerza Pública, la Cruz Roja Costarricense, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los Departamentos de Trabajo Social y Psicología de Medicina Legal y de Ciencias Forenses del Poder Judicial, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, la Defensa Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El especialista en violencia de género, trata de personas, y tráfico ilícito de migrantes del Organismo de Investigación Judicial, Roberto Pérez, detalla la funcionalidad que tiene el protocolo en la atención de estas víctimas.

“Este delito de violación sabemos es complicado y doloroso para las víctimas, contamos nosotros en el poder judicial con el protocolo institucional para la atención de las personas ofendidas, el proceso tiene como sentido la recolección de prueba importante para la investigación y ante todo la atención integral a la víctima, que al final es lo más importante, se suma además la toma de la denuncia y otras circunstancias vitales para el análisis judicial. Además, se brinda una atención forense y clínica a la persona agredida sexualmente, esto para un suministro de un tratamiento profiláctico para evitar el contagio del VIH SIDA. El protocolo está diseñado para que en el momento que una persona víctima se aproxime a una de las sedes del Organismo de Investigación Social, del Ministerio Público o Fiscalía a denunciar que ha sido victima del delito de violación se aplique de inmediato el proceso”, señaló Pérez.

Los Científicos han determinado que el antirretroviral o profilaxis funciona en ese periodo de tiempo (72 horas) después de haberse presuntamente expuesto a la enfermedad tras un ataque sexual o violación, se presume que en ese periodo la persona pudo ser expuesta a un contagio y por eso se cuentan con ese lapso de tiempo para que los medicamentos profilácticos funcionen en la paciente.

“Acá en el Organismo de Investigación Judicial se inicia con el protocolo junto con el personal especializado en delitos sexuales por parte del Ministerio Público y de la Fiscalía de Género, quienes son los encargados en ese momento de la toma de la denuncia formal de la persona afectada. Si la persona víctima es una menor de edad será acompañada por un funcionario de trabajo social del Poder Judicial para brindarle una contención. Si la ofendida es mayor de edad, interviene la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público para que igualmente un funcionario de esa entidad pueda brindarle un apoyo, una contención en el momento del abordaje y la toma de la denuncia respectiva durante el proceso del protocolo.

“Como parte de este protocolo y después de realizada la denuncia y el abordaje por parte del trabajador social o bien el funcionario de la oficina de atención a la víctima, la persona ofendida será valorada por un médico forense, el cual iniciará el proceso con un examen físico de la persona afectada para poder terminar el tipo de lesiones que esta presenta y además, tomará muestras a la ofendida o el ofendido las cuales serán remitidas a los laboratorios forenses para la extracción y búsqueda de fluidos biológicos, estos eventualmente se utilizarán para realizar comparaciones futuras de ADN”, detalló Pérez.

Tras finalizar este proceso, la víctima será traslada de inmediato a un centro médico autorizado para que pueda no solo recibir atención clínica, sino también psicológica. “Los funcionarios judiciales serán los encargos del traslado al hospital, que por lo general corresponde a un centro médico central o de cabecera, en el caso de San José están los Hospitales San Juan de Dios, Hospital México, Hospital Calderón Guardia y el Hospital Nacional de Niños. En estos centros hospitalarios se les da un abordaje clínico en el área de emergencias y posteriormente pasará al área de ginecología donde se determinará si la persona es apta para recibir el tratamiento antirretroviral o profiláctico para el tema del contagio de la enfermedad VIH SIDA. Este protocolo funciona las 24 horas del día todos los días del año y es completamente gratuito”, recalcó el funcionario judicial.

Es muy importante que las personas sepan que en el momento en que sean víctimas de un ataque sexual o una violación, es vital, que en la medida de lo posible, puedan acudir rápido a una instancia judicial, porque permite a las autoridades actuar en menor tiempo. “En este tipo de hechos el tiempo es crucial porque entre menos tiempo pase de la exposición física al contagio venéreo, el medicamento va a ser más efectivo, para así evitar la enfermedad. Para situaciones de prueba y otras circunstancias que son de interés para la investigación judicial y proceso penal es importante que la formulación de la denuncia sea rápida. Si una víctima está en un centro médico por lesiones sufridas

tras el ataque sexual, los funcionarios judiciales podrán trasladarse al hospital respectivo y ahí se realizará el abordaje integral en beneficio de la persona ofendida y en beneficio del proceso judicial. El protocolo está pensado en la víctima, que acaba de ser atacada, tomando en cuenta que atraviesan por un momento difícil, muy doloroso y claramente entendemos esa situación por eso le damos ese apoyo eficaz”, agregó Pérez.

En el año 2019, se atendieron 506 denuncias de violaciones o ataques sexuales, de estas, el 86.36% fueron mujeres y el 13.64% fueron hombres. Sin embargo, el 81% de las personas masculinas agredidas eran niños. En el 2020 ocurrió algo similar: el 90% de los casos de activación del protocolo fueron mujeres y el 10% fueron hombres. De ese grupo de hombres, el 76% correspondía a niños.

La tendencia se mantuvo para el 2021, cuando en los primeros nueve meses del año el 80% de los protocolos fueron activados por mujeres y el 20% por hombres, pero de esos hombres el 90% eran menores de edad. En el 2022 se registraron 470 casos de agresiones sexuales, de esos 229 fueron menores de edad. Para el 2023 el total de denuncias fue de 503 casos, la mitad de las personas fueron menores de edad.

• Denunciar
• Buscar ayuda (Fuerza Pública, 911)
• En la medida de lo posible, evitar bañarse (para evitar que fluidos biológicos se pierdan, ya que estos son vitales para la investigación)
• Evitar cambiarse de ropa
• Utilizar protector diario neutro (para evitar fuga de fluidos que son de interés para la investigación que se realizará)

El especialista, Roberto Pérez, explica otras circunstancias en las que el protocolo de las 72 horas también se puede aplicar. “Si la víctima está bajo los efectos de una droga o bien alcohol de igual forma se le tomará la información para poder formular una denuncia, esto siempre y cuando la persona tenga claridad en su forma de expresarse. En caso de que la víctima no tenga documentos que la identifiquen sea por que no los tiene a mano, o está en una condición migratoria irregular, de igual forma se le aplicará el proceso. Otro dato a tomar en cuenta es cuando la persona está herida, pues es vital que primero busque ayuda médica y el mismo hospital informará los hechos para que estos sean abordados a la brevedad. Estas investigaciones conllevan una serie de circunstancias dependiendo de cómo ocurran los hechos, en muchas de las situaciones que se denuncian hemos logrado evidenciar que los agresores sexuales en muchos de los casos, son personas conocidas o cercanas a las víctimas, lo que hace un poco más sencillo que las ofendidas puedan identificar al violador. Sin embargo, hay escenarios en los que se complica el proceso para poder recolectar evidencia o muestras forenses, esto lleva su tiempo y su trascendencia durante el proceso”.

En casos cuando el agresor no es conocido por la víctima, se inicia con otras diligencias más complejas por parte del Organismo de Investigación Judicial, para poder ubicar al agresor sexual y someterlo al proceso.

En el caso de los hombres, el Protocolo de las 72 horas se aplica de igual forma que ocurre con las mujeres, para activar este proceso es necesario que haya una penetración o indicios de saliva de por medio, esto a pesar de que el artículo 156 del Código Penal establezca como violación diferentes escenarios, como la introducción de objetos o dedos en alguna de las cavidades, por lo que en el caso de las víctimas masculinas este protocolo solo se aplica únicamente cuando hay penetración o indicios de saliva de por medio.