El pasado viernes 25 de junio, representantes de la Comisión de Seguridad Ambiental de nuestro país presentaron su informe de labores en el que explican el trabajo que han venido realizando en esta materia, así como los proyectos en los que están trabajando y pretenden trabajar en un futuro próximo, ya que cada vez aumenta en mayor número el tráfico de especies silvestres en el mundo y en nuestro país.

Es así como representantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, el Ministerio de Ambiente y Energía, y algunos socios estratégicos como el Departamento del Interior de los Estados Unidos de América, se dieron cita de manera presencial y virtual para ver los avances en la materia.

Y es que, según el Biólogo John Vargas, Jefe de la Sección de Biología del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ, los “negocios” relacionados con el delito ambiental mueven entre 98 mil y 258 mil millones de dólares al año en el mundo, esto según datos de Naciones Unidas y la Interpol.

El experto argumentó que, según el Estado de la Nación, para 2018 sólo en nuestro país se decomisaron 2576 especies que se pretendían trasegar, lo cual representó el 60% de los decomisos entre 2014 y 2018. Esto significa que este delito va en un aumento acelerado. La mayoría de especies apetecidas por la delincuencia organizada en este delito son las aves y los peces, aunque las hormigas, insectos, mariposas y arañas también son trasegadas.

Dentro de los datos proporcionados por el experto, basado en los resultados del Informe Nacional al Convenio de Diversidad Biológica de Costa Rica, indica que “...un 57.8% de las especies endémicas evaluadas a nivel nacional se encuentran en riesgo...”, mientras tanto, desde el 2015 sólo un 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB) se destina a la protección de la diversidad biológica. Vargas indicó que se requiere de muchos más recursos para realizar los análisis que les ayuden a identificar las especies involucradas en este trasiego ilegal y tener un registro que les permita la identificación de manera más expedita.

Por su parte, el Fiscal Luis Diego Hernández, de la Fiscalía Agrario Ambiental, realizó la exposición de las acciones realizadas por la Comisión durante el último año, entre las que están la creación de comisiones regionales de seguridad ambiental, con miembros de las diferentes instituciones.

Otro de los logros citados por el Fiscal Hernández es la actualización de la plataforma del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) con fondos del Departamento del Interior del Gobierno de los Estados Unidos, con lo cual, a partir de enero de 2020 “...la plataforma ordena de manera científica todas las especies de flora y fauna silvestres involucradas en las denuncias ambientales...” Esto es de suma importancia, ya que permite al país cumplir con compromisos internacionales como los adquiridos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS´s) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, así como del Plan de Comercio Ilegal de Especies Amenazadas o en Peligro de Extinción, la Convención de Biodiversidad y otros.

Por otra parte, dentro de los logros señalados por el experto está el proyecto para la creación de la Unidad contra los Delitos Ambientales del OIJ, el cual inició en enero de 2020 y se concluyó en diciembre del mismo año, y actualmente está en proceso de presentación a la Corte Plena para su aprobación.

Adicionalmente se contribuyó a la creación de un Protocolo de Quemas, el cual articula a las instituciones relacionadas con el tema, como son el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Seguridad, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y municipalidades, entre otros, para la atención de los problemas ocasionados por las quemas agrícolas que afectan la biodiversidad y el ambiente.

Otro de los logros señalados por Hernández es la creación de políticas de persecución de delitos ambientales, el cual, según señaló el fiscal, fue “el más importante” logro de 2020, ya que dichas políticas son vinculantes no sólo para el Ministerio Público en todas las fiscalías del país, sino también para otras instancias como el Ministerio del Ambiente y Energía, el OIJ, el Ministerio de Seguridad y todos los que tienen que velar por el cuido del Ambiente. De igual manera, con la ayuda del Departamento del Interior de los Estados Unidos se logró capacitar a fuerzas vivas de las comunidades, autoridades, municipalidades y otros interesados en estas políticas.

Entre otros logros, el experto señaló el impulso para la creación de un laboratorio molecular de ADN de la biodiversidad nacional, la generación de alertas púrpuras en Interpol sobre el modo de operación de delincuencia ambiental en sustracción de oro, envíos internacionales de especies de vida silvestre, decomiso de especies silvestres escondidos en equipajes de ciudadanos extranjeros, atención de casos en contra de la vida silvestre reportados en redes sociales y prensa nacional y otros.

Por otro lado, para este año 2021 el señor Jonathan Marín, jefe de la Sección de Delitos Varios del OIJ indicó que se está trabajando en el seguimiento del plan 2020, además de mejorar los sistemas de comunicación interinstitucional conformando nuevas comisiones regionales en lugares donde se advierte un crecimiento de delitos contra el ambiente y capacitando a las personas integrantes de estas comisiones en estrategias para el combate de estos delitos.

Además, indicó que se está elaborando un protocolo de trabajo interinstitucional ante decomisos de fauna en aeropuertos y fronteras, así como un plan nacional de seguridad ambiental en recursos terrestres, que incluye estrategias preventivas y represivas. Por otro lado, uno de los proyectos en los que se enfocan actualmente es la viabilidad para el entrenamiento de perros especializados en la detección de estas especies en aeropuertos.

El experto señaló que se está trabajando fuertemente en la capacitación de las diferentes policías relacionadas con el tema ambiental y otros personeros relacionados, entre otros muchos proyectos.

En la actividad estuvo presente el director del OIJ Walter Espinoza, quien manifestó que los esfuerzos deben ser conjuntos entre las instituciones, logrando un trabajo articulado. Según el jerarca el tema ambiental debe ser prioridad para las policías y el país en general “...porque cuando hablamos del medio ambiente y de la criminalidad que se genera alrededor suyo estamos hablando de la vida, de la preservación de la humanidad y de la manera cómo nos vamos a proyectar hacia el fututo...sabemos que el planeta está en riesgo y que nosotros somos uno de los factores que ha causado más afectación al medio y problemas a la estabilidad ambiental...” argumentó el jerarca, quien además indicó que el afán de riqueza de las personas y grandes compañías hace que no valoren cómo están transgrediendo al ambiente. Es por eso que el director Espinoza indicó que de parte de la policía judicial se están haciendo todos los esfuerzos posibles por contribuir al combate de quienes afectan el ambiente para enriquecer sus bolsillos.

El jerarca señaló que en el caso del OIJ al tener que velar por otros delitos que también son de suma importancia para el país, faltan recursos para perseguir de la manera que se quisiera a quienes afectan el ambiente, pero afirmó que se está trabajando en obtener cada vez más recursos, capacitaciones y experiencia en la persecución de estos delitos.

Por su parte el señor Warner Molina, Fiscal Subrogante del Ministerio Público indicó que se siente optimista por los datos presentados, ya que se nota una conciencia sobre la importancia del tema para las autoridades involucradas en la Comisión.

El Fiscal señaló que uno de los problemas es que de los 203 delitos contemplados en 13 leyes en nuestro país para proteger el ambiente “... muy pocos o casi ninguno alcanza la categoría de delito grave, es decir las penas asociadas a estos delitos son tan bajas que no alcanzan el umbral de los cuatro años...”. Indicó que el esfuerzo debe acompañarse de iniciativas que permitan fortalecer el marco normativo, con una reforma que “...sin aumentar las penas, permitan a las autoridades perseguir las ganancias ilícitas a través del delito de legitimación de capitales...”. El Fiscal Molina indicó que es evidente que, quienes obtienen riqueza asociadas al tráfico de especies, están asociados al crimen organizado.

La actividad contó con la participación virtual de la señora Christina Kish, Gerente de Proyectos de Departamento del Interior de los Estados Unidos de América, quien manifestó el apoyo incondicional de ese gobierno para el combate de la criminalidad organizada en contra del Medio Ambiente y la lucha por el cuido de la biodiversidad mundial.

Adicionalmente, estuvo presente la Viceministra de Ambiente y Energía Haydée Rodríguez quien también se mostró complacida por el trabajo realizado e indicó el apoyo a la Comisión en el trabajo interinstitucional para el combate de los delitos ambientales.

De igual manera, estuvieron presentes personeros del Ministerio de Seguridad, del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, Interpol OCN San José, de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica y otros relacionados con el tema.