La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCD) reveló en un estudio realizado en el 2017 que Costa Rica es el segundo país a nivel latinoamericano con más casos de acoso escolar, mejor conocido como bullying.

Este informe se evaluó mediante un censo, en cual se demostró que el 11% de los encuestados fueron en algún momento víctimas de algún tipo de acoso o bullying.

Esta información es catalogada por el Juzgado Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como alarmante.

“Un país tan pequeño, un país con tantas cosas lindas, un país que se conoce como el más feliz del mundo, pero somos el segundo a nivel latinoamericano en cuanto acoso escolar. Tenemos que ver que esto es un asunto de responsabilidad de todos. Esto demuestra que muchos de los menores en centros educativos, no tienen ni la madurez, ni el carácter, para enfrentar distintos escenarios y más bien son víctimas. Se están empezando a formar y por eso es responsabilidad de todos poderlos guiar, para que tengamos un buen entorno y que todos podamos vivir en sociedad y para que todos aprendamos a respetar a los demás en su forma de pensar, en su entorno, en sus puntos de vista, en todo”, afirmó Sonia Monge, funcionaria del OIJ.

“La mayoría de los casos de bullying ocurren a nivel de centros educativos de colegio, hablamos más o menos de adolescentes entre los 13 y 17 años, esto no quita que existan menores que anden entre los 12 años, incluso hemos tenido menores de 11 años, pero esos casos ya no son a nivel penal sino más bien son atendidos por parte del Patronato Nacional

de la Infancia (PANI), por el rango de edad. Hay casos donde existen daños materiales, agresiones con golpes, patadas y afectación psicológica como: ofensas, que van desde tomar algún artículo de la persona víctima y dañarlo, por ejemplo, tomar un cuaderno de este y tirarlo al suelo. Con eso los agresores logran intimidar a la otra persona y así mantienen ese poder sobre ellos”, agregó Monge.

El bullying abarca más allá de una afectación directa entre el agresor y su víctima, este tipo de acción genera también una intimidad social.

“La persona que está agrediendo logra que las víctimas empiecen a tenerle temor, de que los dañe o los agreda, se llegan a formar hasta grupos escolares y obviamente eso intima a otras personas que tienen tal vez un carácter más tranquilo. Ese tipo de agresión que experimentan las víctimas es porque el victimario busca tener un poder sobre esa persona a la que está agrediendo. Hay amenazas tanto físicas como verbales, la intención del agresor es buscar o provocar algún tipo de angustia en la víctima o algún desequilibrio emocional”, explicó la funcionaria judicial.

Los casos de bullying que ocurren dentro de los centros educativos del país son abordados bajo un protocolo que posee el Ministerio de Educación Pública (MEP), proceso que le permite a las autoridades de la Sección Penal Juvenil del OIJ iniciar la investigación con detalles previos.

“La sección Penal Juvenil ha estado dando charlas a nivel de todos los centros educativos del país para que los menores no se queden callados y que más bien denuncien para nosotros poder darles el trámite debido. El protocolo del Ministerio de Educación es muy completo, se llama “Protocolo de Atención en Situaciones de Violencia Física, Psicológica, Acoso y Hostigamiento”. Este protocolo guía a los profesores y a todos los funcionarios del centro educativo en cómo se debe actuar en caso de que se presente una situación de este tipo. El centro educativo también formula la denuncia ante la fiscalía y OIJ. Ese protocolo que maneja el MEP incluye llamar a los padres de familias quienes tendrán que llenar un formulario y esa documentación nos ayuda a establecer más fácilmente qué fue lo que sucedió, esto ayuda mucho porque OIJ no puede entrevistar al agresor porque así lo establece la ley, solo lo puede hacer un fiscal en presencia de un defensor público o privado”, finalizó Monge.

Lauren Delgado quien trabaja sobre el protocolo contra acoso escolar en los centros educativos asegura que este les ha permitido abordar los casos que se presentan hasta lograr que el menor pueda continuar con su desarrollo sin interrupción alguna.

“Esos protocolos se basan en 8 pasos de como debemos de actuar, primero se detecta el caso que se presenta, posteriormente comunicamos a la dirección del centro educativo sobre el hecho como tal, el director o directora debe atender el evento, luego se comunica a los padres de familia o encargados para expresarles lo que está sucediendo y hacemos entrevistas con los involucrados y sus familiares”, añadió Delgado.

La especialista en temas de acoso escolar agregó que tras este proceso continúa la aplicación de medidas para evitar que ocurra nuevamente el acto.

“Se hace un mapa, un diagnóstico de ese centro educativo bajo las condiciones de su población y esta institución lo que hace es identificar cuales son esos posibles riegos de lo que se está presentando y definen estrategias; en este caso las estrategias tienen que ir enfocadas principalmente en prevenir el bullying o en generar algunas acciones para incentivar la cultura de paz”, reiteró Delgado.

El Juzgado Penal Juvenil recuerda la importancia de interponer las denuncias relacionadas al acoso escolar o bullying y ante todo en incentivar el diálogo en los hogares, reforzando valores y poniéndolos en práctica.