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** Problemática de privados de libertad debe solucionarse de manera interinstitucional **
·Las malas condiciones de los privados de libertad puede ser detonante para una tragedia mayor a mediano plazo.
·La sobrepoblación relativa en de las cárceles en el país supera el 38% y la mayor sobrepoblación está en la Cárcel de San Sebastián.
Durante el fin de semana se han realizado las Jornadas de Medicina Legal número 27, en las que se ha analizado a fondo la problemática de hacinamiento de las cárceles en nuestro país. Datos interesantes que se han analizado indican que la solución no es remodelar las cárceles, sino, rehacerlas. El hacinamiento promedio alcanza el 38% y la cárcel con mayor aglomeración es San Sebastián, con más de un 80%.
Uno de las conclusiones a las que se ha llegado durante estos días de análisis es que el objetivo principal de las cárceles ha variado, siendo que actualmente, sirven como medio para aislar a los delincuentes de la sociedad, en aras de proteger al ciudadano, sin embargo, se ha dejado de lado el fin principal que es reformar a los reclusos para reinsertarlos en la sociedad y que puedan, de alguna manera tener una vida productiva.
Una de las preocupaciones de las y los expositores es la falta de condiciones de las y los privados de libertad para tener una vida digna, tanto en las oportunidades de estudio y trabajo, como las más básicas, entre ellas la salud.
Según los expertos al país se le olvida que la prisión es una sanción, y no un castigo o venganza. Se ha concluido que la solución al problema está en varias instituciones, quienes deben trabajar de manera conjunta para corregir los graves problemas que atraviesa actualmente el sistema carcelario.
Así lo manifestó el Lic. Francisco Segura Montero, Director General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien comentó que esta situación obliga a quienes defienden los derechos de estas personas a que el “Gobierno de Turno declare esta precaria situación como estado de emergencia”.
Uno de los charlistas inaugurales fue el abogado Juan Diego Castro Fernández, del Bufete JURISIS, quien manifestó que “…sí hay corrupción en los centros penales…”, y durante sus ponencias exteriorizó que está de acuerdo con que las y los privados de libertad trabajen, si así lo desean.
El jurista explicó a las y los asistentes el término utilizado actualmente por los mismos privados de libertad “empapillonado” que, según el expositor se refiere a que estas personas guardan en su recto desde armas punzo cortantes, hasta celulares, con el fin de defenderse de la misma violencia que les afecta en las cárceles, y muchas veces para seguir delinquiendo desde el centro penal donde se encuentran.
Otro de los expositores fue el Lic. José Román Matamoros, del Juzgado de Ejecución de la Pena de Cartago, quien manifestó que es más caro hacer remodelaciones en la cárceles, que construirlas nuevas. El experto hizo un recorrido por el costo económico, de salud y social de la problemática de las cárceles en el país, augurando un futuro cercano más problemático aún, si los gobernantes no establecen políticas claras para solucionar el problema.
La preocupación mayor de las y los participantes es que el problema lejos de disminuir, aumenta, por los que si no se corrigen las dificultades actuales, se puede ocasionar situaciones como ha ocurrido en otros países del área, donde ha habido tragedias que han acabado con la vida de cientos de privados de libertad.
